Pronunciamiento Público respecto a la necesidad de Reformas Constitucionales
La Asociación Nacional de Industriales – ANDI –, respecto a varias publicaciones internacionales, respecto a la posición de la Industria en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente como paralela o sustituta del Congreso Nacional a elegirse el 24 de noviembre del 2013, transcribe parte del Pronunciamiento que hicimos público en octubre del 2010 cuando el Presidente Lobo realizó consultas a la sociedad al respecto:
«PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO RESPECTO A LA NECESIDAD DE REFORMAS CONSTITUCIONALES»
«La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ha estado consciente desde hace muchos años y así lo ha venido manifestado públicamente, que nuestro país sufre de una serie de problemas estructurales, mismos que se traducen en uno de los más altos niveles de pobreza de los países del continente americano; en enormes deficiencias en la prestación de los servicios de educación y salud; en servicios públicos con vocación monopólica, colapsados y quebrados; y en una infraestructura pública insuficiente, no obstante los cada vez mayores impuestos con que se recarga al sector productivo, a la clase media y al consumidor nacional.
Para la ANDI, estos problemas tienen una serie de causas, entre las cuales se destacan la incapacidad y corrupción del aparato político; el secuestro del Estado por grupos de poder que han logrado colapsar servicios tan básicos como la educación, la capacitación y la salud de la generalidad de la población; en los obstáculos y trabas a la inversión, al desarrollo y a la generación de empleo; que han obligado a una proporción importante de la ciudadanía a salir del país y a sostener a las familias más pobres con sus remesas, un 25% de los ingresos nacionales.
A los pocos años de haber logrado la condonación de la deuda externa, nuestros Gobiernos han vuelto a enjaranar al país tanto en lo interno como en lo externo a un grado tal que nuestros siempre crecientes impuestos se van, en su gran mayoría, a sostener la enorme burocracia estatal, obligando al país a la mendicidad internacional para obtener recursos que ya ni sirven para invertir sino que para sostener el Presupuesto y el siempre creciente nivel de gastos.
A estos elementos se suma la imprevisión gubernamental y la fragilidad de la nación ante fenómenos naturales; la inseguridad y criminalidad que acosan a los hondureños a todo nivel; la dependencia en la importación de derivados del petróleo cuando tenemos un enorme potencial de generación renovable; y la inseguridad jurídica. Aquí el Gobierno dispone a su antojo de la propiedad privada; se defiende, se libera o se le otorgan medidas cautelarias a los delincuentes; se está formando y el Gobierno tolera la existencia de un cuerpo guerrillero fuertemente armado y en proceso de consolidación, con el apoyo de nacionales extranjeros, al que se le permite usufructuar las inversiones y trabajos que ha creado la gente trabajadora y honesta.
Los eventos políticos del año 2009 han profundizado una crisis que ha estado generándose en nuestro país desde hace tiempo y han polarizado a la Sociedad, dificultando los procesos de diálogo y consenso social que son necesarios para que las sociedades democráticas y libres, como pretende ser Honduras, avancen en base a los deseos de la mayorías, respectando los derechos de las minorías.
La ANDI está de acuerdo con apoyar el proceso de diálogo iniciado por el Sr. Presidente Porfirio Lobo Sosa y en que el mismo incluya a toda la generalidad de sectores que representan la nacionalidad hondureña.
Por lo anterior y en defensa de los principios de Libertad, Democracia, Respeto a la Ley y a los Derechos Humanos, y como producto de experiencias de procesos de cambios positivos y pacíficos que hemos observado en otras sociedades y que se han llevado a cabo de manera participativa, propositiva y legal, creemos firmemente que Honduras puede transitar por una vía similar. Vía que debe respetar los poderes actualmente constituidos, que son producto de procesos legales que se desarrollaron de manera libre y con alta concurrencia de la población, respetando estrictamente los artículos fundamentales de nuestra Constitución, en especial la garantía del sistema de gobierno…
…la ANDI pone a consideración de nuestras autoridades y de la ciudadanía hondureña del Mecanismo de Revisión Participativo y Legal de la Normativa Constitucional, que a continuación se detalla:
Se trata de un proceso que, en todo momento, debería ser dirigido por el Tribunal Supremo Electoral, para garantizar la idoneidad de los mecanismos y la validez de los votos que se emitan.
Se requiere, asimismo, de una reforma del Artículo 5 de la Constitución, manteniendo su prohibición de tocar los demás artículos “pétreos”, a fin de facilitar las consultas populares, o sea, el Plebiscito y el Referéndum. Para propósitos del cálculo de los porcentajes que se exijan, debería también definirse un Censo Electoral Activo, incluyendo únicamente a los ciudadanos que han votado en la última o en las dos últimas elecciones generales, a fin de limitar la distorsión que causa el fuerte número de emigrados.
Aprovechando la experiencia en otros países, la idea sería integrar una Asamblea Revisora* que tendría como única función la revisión de todos los artículos de la Constitución con excepción expresa de los artículos “pétreos”, y preparar un Documento de Reformas que se someterían a una Consulta Popular.
Esta Asamblea Revisora sería integrada por 64 personas o Asambleístas electas mediante el mecanismo de Distritos Electorales y 36 personas o Asambleístas electos dos por cada Departamento, a fin de combinar el interés local o con el interés general de los ciudadanos.
Los Partidos Políticos legalmente inscritos tendrían derecho a postular, cada uno, un candidato por Distrito Electoral y dos candidatos por Departamento, escogidos en elecciones internas debidamente supervisadas por el TSE. El mecanismo también permitiría que se puedan incorporar candidatos independientes que reúnan el apoyo de diez mil electores para postularse por Distrito Electoral y de cincuenta mil electores para postularse por un Departamento. Debe tratarse de personas domiciliadas en dichos Distritos o Departamentos. Los ciudadanos votaríamos por uno de los candidatos a representante del Distrito Electoral y por cualesquier dos de los candidatos a representantes por el Departamento. No se elegirían suplentes.
La Asamblea Revisora deberá contar con el presupuesto correspondiente y con el apoyo del o de los Equipos Técnicos que sean necesarios y llamar para consulta a todas las personas que puedan contribuir con su tarea y muy particularmente, a Organizaciones ampliamente representativas de la Sociedad Civil.
La primera fase del proceso, o sea el de la discusión interna y la elaboración de propuestas, se llevaría a cabo en un período de 9 meses después de instalada la Asamblea.
Como Segunda Fase recomendamos un ejercicio de Democracia Participativa, mediante el cual se desarrollaría un proceso de amplia difusión y publicación de las Reformas Propuestas, seguido por su exposición y consulta en Cabildos Abiertos en los 298 municipios del país. En dicho proceso se expondrá el documento generado y se tomará notas de los aportes de la población, mismos que se incorporarán por la Asamblea o se recopilarán y se anexarán al documento final.
Este proceso se llevaría a cabo por los Asambleístas en coordinación con los Diputados y Alcaldes, con el apoyo del Equipo Técnico, siempre bajo la coordinación del TSE.
Tanto de la primera como la segunda fase del proceso los Asambleístas podrán elaborar recomendaciones al Congreso Nacional sobre otra normativa legal que la ciudadanía exprese su deseo que sea revisada.
La segunda fase del proceso se llevaría a cabo en un período de 6 meses.
La Tercera Fase del proceso sería la aplicación del mecanismo de Democracia Directa: el Tribunal Supremo Electoral convocaría a la celebración de un Plebiscito para consultarle a la población registrada en el Censo Electoral Activo si está de acuerdo o no con las Reformas planteadas por la Asamblea Revisora.
Como última o Cuarta Fase, se aplicarían los principios de la Democracia Representativa: el Congreso Nacional ratificaría la decisión de la población expresada en el Plebiscito, aprobando las reformas constitucionales que hayan sido favorecidas, las cuales deberán ser ratificadas por la siguiente legislatura para entrar en vigor.
La cuarta fase del proceso se llevaría a cabo 3 meses después de llevado a cabo el Plebiscito.
El interés de la ANDI con esta propuesta es poder contribuir al Diálogo y la Paz Social que tanto requieren nuestro país, para generar las condiciones necesarias que promuevan el desarrollo y mejoren las oportunidades de vida, educación, salud y prosperidad de los hondureños.
Tegucigalpa, MDC, Octubre 10 del 2010.»
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